La calificación jurídica en el ámbito tributario

 

Para aplicar una norma al caso concreto hay que indagar sobre la naturaleza de los actos, hechos o negocios realizados para determinar si se puede incluir en el presupuesto de hecho de la norma. Es decir, hemos de analizar la realidad para ver si se pueden subsumir en el presupuesto de hecho.

Es el artículo 13 de la Ley General Tributaria el que se refiere a la calificación: “Las obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo de los defectos que pudieran afectar a su validez. “ → Lo que hace el legislador es permitir que el intérprete pueda calificar el acto realizado por las partes, independientemente de como ellos lo hayan querido llamar. Se ha de hacer la calificación con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho realizado, prescindiendo de los hechos económicos.

Este artículo habilita a la administración para que por sí misma, sin necesidad de acudir a ningún procedimiento especial o judicial, pueda calificar la naturaleza de los hechos, actos o negocios realizados por el contribuyente de forma distinta a como lo han hecho a las partes y aplicar las consecuencias jurídicas derivadas de esta calificación administrativa.

La calificación es una herramienta importante en manos de la administración para combatir conductas elusivas de tributos, aunque tiene sus límites, que vienen determinados por la naturaleza de los hechos, actos o negocios que se califican puesto que en ningún caso se podrá calificar en base a criterios económicos(consecuencias económicas derivadas de esos hechos).